La última jornada del Congreso Nacional de Medio Ambiente ha acogido esta mañana entre su programación la conferencia ‘Calidad del aire: retos en el despliegue y la gestión municipal de las ZBE’, una sesión centrada en la importancia y urgencia de implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) como una de las bases a la hora de desarrollar y desplegar planes de movilidad urbana sostenible. Los límites de contaminación del aire cada vez se superan con mayor facilidad, lo que ha dado lugar a desarrollar normativas en los últimos años encaminadas a mitigar ese impacto, como el Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones, que permitirá, una vez se publique el texto definitivo, abordar con concreción tanto la forma como los plazos para implementar en nuestro país las ZBE. Actualmente, se encuentra en el Consejo de Estado, donde se están valorando las alegaciones que se han presentado al respecto.
Muchas ciudades no se han conformado con esperar a que la ley las obligue a actuar y se han puesto manos a la obra, comenzando a trabajar en la elaboración y delimitación de las ZBE en sus ámbitos metropolitanos, dentro de sus propios planes de movilidad. Para ello se hace imprescindible una simbiosis entre todas las administraciones, para ir integrando las diferentes propuestas que vayan saliendo a la luz y sean realmente efectivas.
La sesión ha contado con una primera parte donde se ha puesto sobre la mesa el estado actual en el que se encuentra el Real Decreto, las motivaciones que lo han puesto en marcha y los recursos que actualmente se están destinando a las estrategias diseñadas. Para ello, se ha contado con dos representantes de los principales ministerios involucrados en esta transformación: Marta Muñoz Cuesta, subdirectora general de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y Ángeles Marín Andréu, directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A cargo de la presentación ha estado Luis Martín, de Proymasa.
Un problema de salud pública
Marta Muñoz ha comenzado su intervención con la principal certeza que ha puesto de manifiesto la urgencia en este tema: el alarmante y progresivo incremento de muertes prematuras debido a la exposición prolongada a la contaminación del aire. Para ello, implantar un nuevo plan de sostenibilidad en la movilidad es clave, y las Zonas de Bajas Emisiones son un pilar fundamental, debido a que mejorarán la calidad del aire estableciendo límites a los vehículos más contaminantes en cuanto a acceso a los núcleos urbanos, su circulación por los mismos y su estacionamiento. Para ello está previsto un sistema de etiquetado ambiental que categorice a los coches dependiendo de su nivel de emisiones, para así establecer dichos límites. El fin último es solucionar este problema de salud pública, advertido por la Organización Mundial de la Salud, marcando unos objetivos cuantificables para poder hacer un seguimiento y evaluación de las medidas, y también siendo coherentes con el resto de los instrumentos de mitigación y protección del medio ambiente.
Por su parte, Ángeles Marín ha puesto el foco en el reto que tiene ante sí el sector de la movilidad en España. Su relevancia e impacto en casi todos los sectores es evidente, especialmente en el efecto negativo sobre el cambio climático y la salud. Uno de los principales problemas tiene que ver con lo social: los ciudadanos destinan, de media, un 13% de sus ingresos al transporte, solo superado por el dinero que se emplea en vivienda y alimentación. Asimismo, el 80% del espacio público se destina al automóvil. Este escenario alerta de la necesidad de desarrollar un sistema de movilidad que constituya un derecho para todos y esté centrado en la mejora de la calidad de vida, como contrapunto a los aspectos negativos asociados actualmente, como el ruido, la congestión o los accidentes. Marín ha destacado que el sector de la movilidad, afectado tras el periodo de confinamiento de 2020, encara una difícil tarea en lo que a gobernanza se refiere, y que involucra a todas las administraciones.
Priorizar a las personas en lugar de a los vehículos
En este sentido, la transformación pasa por compatibilizar la descarbonización de la movilidad y el impulso del transporte público con un sistema social asequible. Así, en la tarea de priorizar a las personas y no a los vehículos deben confluir tres condiciones: un cambio modal encaminado hacia el transporte público, una mayor presencia de vehículos limpios y repensar las necesidades de la movilidad —como el fomento del teletrabajo, la incorporación del urbanismo a las políticas de movilidad y la creación de ciudades compactas—. Para lograr este fin, Marín ha destacado que el MITMA cuenta con tres herramientas principales: la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (es.movilidad), la ley de Movilidad Sostenible y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Marín ha concluido apostando por financiar las ZBE, propiciar el cambio hacia el transporte sostenible, favorecer la transformación del transporte público y mercancías e impulsar la digitalización en este ámbito.
A continuación, la sesión se ha complementado con otros dos bloques diferenciados. En primer lugar, se ha programado un debate entre agentes de distintas entidades y administraciones que se encuentran trabajando en la implementación de las ZBE enriquecido con intervenciones de carácter técnico y científico para imprimir una perspectiva teórica en el tratamiento de los diversos temas: criterios y directrices de diseño, monitoreo y evaluación y seguridad jurídica en la implementación. Por último, el acto se ha cerrado con la presentación de distintos trabajos y perspectivas relacionadas con la comunicación y la concienciación ciudadana, con el objetivo de convertirlas en partícipes del diseño y la implementación de las ZBE en el ámbito municipal.
