La búsqueda de soluciones para frenar la crisis de la biodiversidad ha sido uno de los focos de la sesión Empresas y biodiversidad de CONAMA 2022. La tarde ha comenzado con una mesa redonda, compuesta por profesionales de distinta índole y moderada por Rodrigo Fernández Mellado, de Biodiversity Node, que ha tratado de la toma e intercambio de datos. Nieves Cifuentes representa al sector privado, en nombre de Naturgy, cuenta cómo la recogida de datos se da en todos los puntos del proyecto, haciendo una diferenciación entre los correspondientes a impacto ambiental y los de biodiversidad. Como en la sesión de Estrategias de Biodiversidad hace hincapié, celebrada esa misma mañana, en cómo se necesitan pautas concretas para hacer estudios e interpretar la biodiversidad. También en cómo esta debe ser hacerse visible en el mundo económico para empezar a ser tomada más en cuenta y encauzar un cambio.
En representación del GBIF, Francisco Pando de la Hoz explica cómo todos los datos son importantes y señala, como la propia filosofía de su organización, que estos deberían ser públicos, “de todos para todos”. Y parece que ninguno de los ponentes está en contra de esta idea per se, pero señalan la dificultad de esta tiránica tarea. Blanca Ruiz Franco, del MITERD, cuenta cómo la ingente cantidad de datos que recibe de las comunidades autónomas y la velocidad a la que entran, cambian y se transforman, hacen tarea imposible el seguimiento exhaustivo de los datos.
La iniciativa Capital Coalition, representada por Marta Santamaría, ofrece una solución. Su proyecto ALIGN intenta reunir y alinear las distintas aproximaciones a la protección de la biodiversidad, así como su medición. En cualquier caso, todos coinciden. La estandarización de los datos se convierte en el objetivo a lograr.
Tras un intermedio empieza la segunda sesión, también moderada por Fernández Mellado. En ella varios ponentes presentan métodos en los que sus empresas han intentado hacer una valoración del estado de la biodiversidad en busca de aplicar medidas que la protejan. Observamos de nuevo que las formas de abordar el asunto son muy heterogéneas, aunque como señala Pilar Gegúndez Cámara, de LafargeHolcim, quizá “la estandarización no importa tanto” mientras las medidas se encaminen hacia una mejor protección de la biodiversidad. En su caso el método de valorización empleado es BIRS, avalado por IUCN, y consiste en unos cuestionarios que puede rellenar cualquier trabajador, sea un profesional de la biodiversidad o no, y que usa como bioindicador los hábitats. A través de observaciones simples como la altura y densidad de las poblaciones vegetales, es capaz de determinar la idoneidad del hábitat para biodiversidad. De todas formas es importante entender, como dice Gegúndez, que “el método no sustituye a los gestores de biodiversidad”.
La estrategia de crear métodos en los que cualquier persona pueda participar viene de lejos, y se llama ciencia ciudadana. Lo sabe bien Clemente Vergara Ballester, que como responsable de proyectos de desarrollo sostenible de Agbar ha dirigido la iniciativa BiObserva. Esta consiste en la captación de datos de biodiversidad por todos los empleados de las plantas, que tras georreferenciar sus avistamientos e identificar a la especie, suben la información a la red (app o web). Por supuesto, esta información es revisada por expertos, que además educan a los trabajadores en materia de biodiversidad. Así, se va creando una base de datos que informa sobre el estado y desarrollo de los hábitats en los terrenos de la empresa, algunos de ellos pertenecientes a espacios protegidos. La iniciativa tiene dos modalidades, una voluntaria que se centra en la observación e identificación de aves y otra obligatoria, que hace un inventario de las especies invasoras que se han avistado en las plantas.
Por último, se muestra una vez más cómo el desarrollo económico no está reñido con la conservación de la naturaleza, y así lo cuenta Isaac Nájera Cuenca, de Repsol. Los beneficios que se calculaban para el proyecto de extraer 5 pozos de gas en el fondo marino, a 50 km del espacio protegido más próximo, eran de 13.200 000 000 € a los 20 años, y la inversión en la restauración de biodiversidad, que a su vez daba dinero, se costeaba sólo con 600.000 €. Los beneficios netos eran positivos, de unos 9.100 000 000 €. La metodología usada para esta contabilización del capital natural era GEMI-READS, basada en los criterios de la ISO 14008 sobre valoración monetaria de los impactos ambientales y avalada por UNEP-WCMC.
Las empresas y la biodiversidad tienen aún un camino largo por andar, que con suerte acortarán un trecho tras la COP15 de Montreal. Necesitan unos criterios objetivos claros con los cuales operar, metodologías estandarizadas claras para valorizar el capital natural y un esfuerzo conjunto a todos los niveles que acompañen este cambio, especialmente de la mano de la política. El cambio es posible, y no queda mucho tiempo. El momento es ahora, protagonicemos la transformación.
