Uno de los 45 comités técnicos de CONAMA 2022 está centrado en las comunidades energéticas urbanas. Joan Herrera (Barcelona, 1971), Director de Acción Ambiental y Energía en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y exdirector del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), forma parte de ese comité. Para ir calentando CONAMA 2022 hemos hablado con él sobre la temática central del CT-12.
Pregunta. En primer lugar y para el público menos versado, ¿qué son las comunidades energéticas y cómo se financian?
Respuesta. En primer lugar, las comunidades energéticas no son un invento, emanan de dos directivas: la directiva de renovables, que habla de las comunidades de energía renovable, y la directiva del mercado interior de electricidad, que habla de la comunidad ciudadana de energía. Pueden estar formadas por personas físicas, entes locales o por empresas, pymes en particular, aunque la gran empresa puede participar siempre y cuando no tenga el control efectivo. Las directivas las crean por una razón: porque hay que ir a un modelo de generación más distribuido y más participado. Un modelo en renovables no gestionables necesita de gestión de la demanda y de protagonismo ciudadano. La palanca de arranque de la comunidad energética puede ser el autoconsumo compartido pero es mucho más que eso, desde gestión de la demanda, movilidad eléctrica, servicios energéticos o rehabilitación energética.
A partir de aquí, se trata no solo de pensar en las líneas de ayudas sino en ese marco jurídico favorable que deben tener. Ese es el debate, cómo conseguimos que cuando una comunidad energética se constituya tenga ventajas competitivas respecto a otros actores, es decir, cómo le damos un plus a un instrumento jurídico participado por entes locales, ciudadanía y pymes especialmente. Ahí está la clave, la trasposición de la directiva debe otorgar a la comunidad energética ventajas competitivas en comercialización, autoconsumo compartido, e incluso podríamos hablar de qué marco tienen en distribución a partir de que tengan un volumen de consumidores o de consumos energéticos en el territorio donde operen. Lo más determinante no es el dopaje de las ayudas sino el marco jurídico favorable que se tiene que trasponer y que se tiene que trasladar en rango de reglamento, de real decreto y desde mi punto de vista también en rango de ley, incorporándose a la ley del sector eléctrico.
P. ¿Qué papel juegan las comunidades energéticas en la transición energética?
R. Ese es el quid de la cuestión. El primer elemento necesario sería un marco jurídico favorable a la hora de operar como generador, comercializador, incluso más adelante como distribuidor, y empezar ahora con marcos más amplios en ese autoconsumo compartido. Luego hay otro elemento que es la economía de escala, ya que una comunidad energética no tiene sentido a pequeña escala, sino que debe aparecer como un nuevo actor energético. Para eso se necesita volumen. Por último, hay otro ingrediente, que es el marco de confianza. El sector energético se caracteriza por una gran desconfianza por parte del consumidor. El hecho de que los beneficios de la comunidad energética tengan que ser repercutidos en beneficios sociales y ambientales entre socios o en el territorio es un factor para que el consumidor deposite la confianza en ella.
P. El CT-12 de CONAMA se centrará en las comunidades energéticas urbanas. ¿Cuál es la importancia de que se desarrollen en las ciudades?
R. Tenemos diferentes formatos de comunidad energética. Existe un formato en la comunidad rural más pensada en la generación, donde ubicaríamos la comunidad de energías renovables. Pero hay otros formatos y para mí es un elemento clave cómo la comunidad energética opera en el ámbito urbano, donde va a haber un desarrollo de autoconsumo limitado a los límites físicos del espacio urbano. Ahí es donde entra la comunidad energética haciendo otras cosas, desde la compra agregada, PPA, gestión de la demanda, movilidad eléctrica compartida o escenarios de electrificación de consumos térmicos.
Luego hay otro tipo de comunidad energética que puede tener un amplio desarrollo y que puede interactuar con la urbana que es la industrial, es decir, una comunidad energética vinculada a un polígono, a un centro de actividades económicas donde hay industria, donde hay logística.
También tiene que haber, especialmente en ciudades metropolitanas, comunidades energéticas que mezclen lo urbano con lo industrial. Pero ahí el marco normativo es muy relevante porque si el autoconsumo compartido se restringe a 500 metros la interacción entre lo urbano y los polígonos colindantes con las ciudades va a ser muy limitada. Hoy ya tenemos un marco normativo comparado, el real decreto ley portugués aprobado en enero, que permite los 2 kilómetros de autoconsumo compartido en baja tensión, 4 en media y 20 en muy alta. Siempre se dice que el autoconsumo es para quien tiene tejados, incluso hay quien llega a plantear que es para ricos. Pues bien, ampliar el radio es lo que permite que quien tiene un mal tejado, normalmente clases populares, pueda optar por compartir ese tejado de un polígono. El elemento clave es conseguir esa interacción entre lo industrial y lo doméstico, porque muchas veces en el techo industrial tenemos altos consumos de lunes a viernes, pero no así sábados y domingos, mientras que en el ámbito doméstico es al revés.
P. Teniendo en cuenta el complejo escenario actual en materia de energía, ¿son las comunidades energéticas una opción viable a corto plazo en este momento?
R. Aquí hay un elemento muy determinante que es el de los entes locales, cuando una comunidad energética venga de la mano del ente local facilitará la suma de actores privados y empresas locales, así como la confianza ciudadana. Es una excelente plataforma, pero eso es muy difícil porque en la constitución de la comunidad energética te encuentras con muchos requisitos que cumplir.
Que el ente local forme parte de la comunidad energética, que la apoye o incluso que la impulse es determinante. En el caso de Cataluña hay pequeños pueblos que han formado una cooperativa en la que el ayuntamiento simplemente forma parte y eso está bien y sirve para modelos de pueblos relativamente pequeños donde el rol ciudadano es más activo. Pero en cambio, en ciudades grandes el ayuntamiento deberá tener un papel de impulsor porque se necesita volumen para poder competir. Pero para convencer de esto es necesario un marco jurídico favorable.
P. ¿Cómo encajan las comunidades energéticas dentro del plan Fit for 55, que pretende reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero un 55% para 2030?
R. La comunidad energética podría protagonizar los grandes cambios que debemos hacer a nivel urbano y esto va a ir muy ligado a ese cambio de marco normativo. En el ámbito urbano hay un papel que podrían jugar las comunidades energéticas en la electrificación y desgasificación de los consumos térmicos. El escenario de emergencia energética que tenemos, agravado por la guerra de Ucrania, nos debería permitir poder encarar la electrificación de los consumos térmicos en los hogares. El gas en el sector industrial lo puedes sacar en parte, pero no en todo. Por el contrario, el gas en el sector doméstico lo puedes sacar del todo, más en una realidad mediterránea como la nuestra.
Este es un papel que la propia Comisión Europea podría encargar genéricamente pero que las comunidades energéticas podrían protagonizar. Para eso se necesita mucha capilaridad, pisar el terreno, ver los edificios de tu ciudad, etc. para poder empezar a cambiar desde el agua caliente sanitaria o los sistemas de calefacción por aerotermia, y también los sistemas de frío en un escenario de cambio climático, donde cada vez vamos a tener veranos más calurosos y más duros.
P. En España las comunidades energéticas todavía son muy pocas, mientras que en otros países de la UE como Alemania superan las 1.700. ¿A qué se debe esta diferencia?
R. Hay experiencias muy interesantes en Irlanda donde hace años ya protagonizaron propuestas que impulsaron las comunidades energéticas. Y luego está el caso de Alemania, donde la comunidad energética va muy asociada a la gestión de la distribución. En España siempre ponemos el ejemplo de Enercoop en Crevillent. Enercoop es gestora de la distribución en Crevillent, no se nos puede escapar eso. Que una comunidad energética opere en distribución es difícil porque hay cinco grandes actores que copan la mayoría del mercado de distribución, pero se debería abrir una disposición transitoria que permitiese que cuando la comunidad energética tenga un porcentaje elevado de los consumos o de los consumidores del entorno donde opera y este sea relevante en tamaño —fijándose un justiprecio que podría hacerlo la CNMC— pudiese operar en distribución.
Parece un terreno vetado, pero hay que discutirlo, porque la comparativa entre Europa y España es que existen experiencias locales en distribución mucho más cuantiosas que han dado pie a que determinadas comunidades energéticas se puedan constituir, formalizar y actuar.
P. La organización del congreso ha puesto como lema “Protagoniza la transformación” y como apoyo “Es el momento”. ¿Qué espera de este CONAMA 2022?
R. Más de 50 municipios, 4 comunidades autónomas, en diciembre hicimos una propuesta de trasposición de directiva. Por el camino han pasado cosas: Portugal ha aprobado un marco normativo muy interesante, por ejemplo. España es la excepción dentro de la excepción ibérica. Yo creo que a nivel de gobierno estamos protagonizando el escenario de cambio de mix eléctrico en un contexto muy difícil. Pero, en cambio, tenemos la asignatura pendiente del cambio de modelo. Para eso es clave el tema de las comunidades energéticas, porque es el instrumento mediante el cual ciudadanía y empresas pueden entrar y participar. Estamos en tiempo de descuento, nos queda un año y unos meses de legislatura y ya hemos expirado los plazos para trasponer la directiva. Además, hay una disposición transitoria de la ley de cambio climático que decía que en un año tendríamos nueva ley del sector eléctrico y eso ya se está incumpliendo.
Los textos para trasponer la directiva ya están encima de la mesa, lo hemos discutido, pensado, reflexionado y propuesto. Por tanto, lo que hay que hacer es pasar a la acción con una propuesta de real decreto de trasposición de la directiva y, desde mi punto de vista, también una propuesta de nueva ley del sector eléctrico.
Lo que está claro es que el cambio de un modelo centralizado, de combustibles fósiles y gestionable hacia un modelo más descentralizado, de renovables no gestionables necesita un marco de confianza por parte del consumidor. Para ello hay que sumar a las líneas de ayuda un marco normativo alineado con este marco de mayor empoderamiento ciudadano y de los usuarios en general.
Yo lo que esperaría no es tanto el que expongamos qué queremos, que también, sino la presentación de propuestas sobre las que discutir y que realmente signifiquen este cambio hacia un modelo más participado y más distribuido. Si decimos “Es el momento”, yo entiendo que hay un desbordamiento general por la situación energética y que los equipos son muy limitados, pero a la vez creo que hay que entender que este es un elemento determinante y que la perspectiva de las elecciones municipales será una manera de poner encima de la mesa propuestas para que los municipios tomen la transición energética como un elemento central en el debate político.
